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Victoria Cargo Transportes

Mes: abril 2021

Inicio, variaciones y cierre del precio del dólar en Colombia hoy, 29 de abril

La tasa representativa del mercado (TRM) para la jornada de este jueves es de $3.699,74.

El dólar abrió en Colombia este jueves en $3.697,67 y hacia las 9 de la mañana sube 0,49 %, ubicándose en $3.715,82. La tasa representativa del mercado (TRM) para la jornada es de $3.699,74.

El petróleo de Texas (WTI) sube a US$65,11 el barril, mientras que el barril de crudo Brent, de referencia para Colombia sube 2,14 % y se cotiza en US$68,71.

Wall Street abrió este jueves con ganancias y registró récords intradía en los primeros compases de la sesión en el selectivo S&P 500 y el índice Nasdaq, animado por los buenos resultados trimestrales de Apple y Facebook.

Veinte minutos después del inicio de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones de Industriales subía un 0,43 % o 146,45 puntosy se situaba en 33.966,83, mientras el S&P 500 progresaba un 0,74 % o 31,05 enteros, hasta 4.214,23.

El índice compuesto del mercado Nasdaq, en el que cotizan las grandes tecnológicas, ganaba un notable 0,80 % o 112,26 unidades, hasta 14.163,29.

El parqué neoyorquino operaba con optimismo después de que Apple reportó 56 % más de beneficios en el primer trimestre, gracias a su fuerte demanda de ‘hardware’. Facebook los duplicó por el incremento de la publicidad en línea.

Apple subía un 0,97 % y Facebook se disparaba un 6,73 %, contagiando a otras grandes tecnológicas como Alphabet (1,54 %), Microsoft (0,26 %) y Amazon (1,06 %).

Wall Street reaccionó con compras a los últimos datos macroeconómicos positivos, que apuntan a un ritmo de crecimiento del 6,4 % en la economía de EE.UU. en el primer trimestre, señal de recuperación tras la crisis de la covid-19, según la Oficina de Análisis Económico (BEA).

Asimismo, el mercado subía por las perspectivas de un nuevo estímulo, el plan de gasto social de US$1,8 billones anunciado en la víspera por el presidente Joe Biden, y por la decisión de la Reserva Federal de mantener su política monetaria para apoyar la economía.

Por sectores, las mayores ganancias eran para las empresas de comunicaciones (2,37 %), energía (2,01 %) y financieras (1,17 %), y solo retrocedían las sanitarias (-0,31 %).

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Redacción: El Expectador

Imágenes: Archivo El Espectador

Supertransporte ha sancionado a 81 empresas en lo que va de 2021

Las penalidades tienen que ver con faltas en protocolos de bioseguridad, omisiones de registro, prestación de servicios no autorizados y no suministro de información, entre otras infracciones.

La Superintendencia de Transporte informó esta semana que ha sancionado a 81 empresas prestadoras del servicio de transporte de carga, transporte de pasajeros por carretera, transporte especial, organismos de tránsito, organismos de apoyo al tránsito y plataformas por faltas a la normatividad legal vigente.

Según la entidad, las sanciones que se han impuesto tienen que ver con incumplimientos de las disposiciones legales en la norma del sector, faltas en protocolos de bioseguridad, omisiones de registro ante el Ministerio de Transporte, mal manejo de fondos de reposición, prestación de servicios no autorizados, no suministro de información, entre otros.

En este mismo período se han abierto 68 investigaciones a empresas de transporte y otros actores del sector, y se han llevado a cabo 90 averiguaciones preliminares en materia del cumplimiento de la ley.

“La legalidad, la seguridad, la transparencia y la equidad son las políticas fundamentales para que las operaciones comerciales y de servicios del sector transporte, se lleven a cabo de manera idónea y, sobre todo, para que se cumplan las disposiciones del Gobierno Nacional, y poder garantizar una conectividad certera y legal para el país”, dijo el superintendente Camilo Pabón Almanza.

En cuanto al transporte de carga, la entidad informó que abrió seis investigaciones a empresas por presuntos descuentos ilegales realizados en 81 operaciones entre febrero y marzo. Así mismo, tiene investigaciones con imputación de cargos por 14.000 operaciones de carga en las que se habrían contratado vehículos con omisión en su registro inicial y 1.800 operaciones en las que las empresas habrían pagado a los transportadores por debajo de los costos eficientes de operación.

También hay 78 generadores de carga investigados y 16 concesionarios y contratistas investigados por problemas en las estaciones de pesaje, entre otras decisiones.

En materia fluvial, la entidad destacó que ha verificado el impacto de las inversiones de obra en la prestación del servicio y ha levantado información relacionada con las condiciones de la infraestructura y la prestación del servicio de transporte fluvial de pasajeros, turístico, escolar y de carga.

En total, se llevaron a cabo 53 visitas administrativas en 15 ciudades y municipios del país.

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Redacción: El expectador

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En Colombia, la bioeconomía deberá representar el 2,1 % del PIB para 2030

Al igual que la mayoría de los sectores, la economía empieza a apostar por ser más verde. Tanto el Ministerio de Ciencia, como el DNP y WWF han lanzado varias propuestas para que el país aproveche sus recursos naturales de forma sostenible y genere nuevos empleos.

Que términos como “economía” y “sostenibilidad ambiental” estén juntos, en la misma frase o incluso en la misma palabra, puede sonar un tanto descabellado. Durante los últimos años el modelo económico mundial, incluyendo el colombiano, se ha basado en sistemas extractivistas, de producción excesiva de residuos, actividades que implican miles de hectáreas deforestadas y que son los causantes de las más grandes contaminaciones ambientales del planeta.

En Colombia, por ejemplo, industrias como la del sector energético aportan el 34 % de los gases de efecto invernadero (esos que generan el calentamiento global). Mientras, el cambio del uso del suelo y la deforestación, asociados en su gran mayoría a cómo producimos alimentos, representan el 55 % de estas emisiones. Pero estas son solo algunas de las cifras. Según WWF, a escala mundial, la producción de alimentos utiliza el 69 % del agua dulce, es responsable del 30 % del consumo de energía y del 75 % de la deforestación. No hace falta escarbar mucho para encontrarse con otro par de datos alarmantes.

Darle un giro a este escenario requiere, entonces, repensar la economía. Aunque suene descabellado, no se trata de una idea utópica ni lejana. En el mundo, y particularmente en Colombia, varios sectores están apostando a lo que muchos consideran el modelo económico del futuro: la bioeconomía.

¿De qué se trata este prometedor modelo? Según Felipe Barney, oficial de acceso a mercado de WWF Colombia, la bioeconomía consiste en usar recursos para generar bienes o servicios, a partir de estrategias sostenibles, que estén pensadas para el bien de la humanidad. “Además, en un país con grandes problemas de desempleo como Colombia la bioeconomía es una alternativa clara para generar ingresos y mejorar la calidad de vida”, explicó en entrevista con El Espectador.

Por su parte, la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Mabel Torres, y Santiago Aparicio, director de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Departamento Nacional de Planeación (DNP), coinciden en que la mejor definición es la que se dio en el marco de la Misión de Bioeconomía, programa que recientemente lanzó la cartera a cargo de Torres: “Aquella que gestiona eficiente y sosteniblemente la biodiversidad y la biomasa para generar nuevos productos y procesos de valor agregado, basados en el conocimiento y la innovación”.

Para Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, uno de los sectores que más potencial tiene en este nuevo modelo económico, la bioeconomía en Colombia es una gran oportunidad, ya que se abre a lo que está ocurriendo en mercados internacionales para que muchos productos colombianos se pueden llevar a esa área de trabajo.

En resumen, entidades públicas y privadas consideran que es positivo apostar a este modelo económico con la confianza de que beneficia a los ecosistemas y también a los tejidos sociales.Es por esto que son varios los proyectos con los que están comprometidas.

En 2018 el DNP publicó un documento que da varias claves de cómo impulsar la bioeconomía. El estudio, que analizó la situación de 28 sectores y cómo transformarlos, llega a la conclusión de que para 2022 los recursos destinados a políticas que impulsen la bioeconomía deben elevarse a $300 mil millones. Para eso solo tendríamos un año. Además, la cifra debe incrementar $600 mil millones en 2026 y a “1,2 billones en 2030. Siguiendo esta ruta, la idea es que el aporte que la bioeconomía hace al PIB pase de 0,9 % en 2022 a 2,1 % en 2030.

Hacer un diagnóstico de cómo vamos hasta ahora no es tarea fácil. Pero, de nuevo, algunos datos nos pueden dar señales del panorama. El sector de los combustibles, o más bien de los biocombustibles, es uno de los más avanzados, o por lo menos de los que más se tiene información. Según la publicación “Bioeconomía para una Colombia potencia viva y diversa”, elaborado durante el gobierno de Duque, en Colombia la mezcla de biodiésel con diésel fósil y gasolina con etanol es del 10 %, lo que “supera el promedio de mezcla obligatorio establecido a nivel internacional”. Solo esa pequeña fracción, un 10 %, ha generado 28.444 empleos directos y 150.072 empleos indirectos en el país.

Otra guía para saber cómo vamos es conocer qué tanto se ha invertido en bioeconomía. Por ejemplo, el Ministerio de Ciencia, a través de la convocatoria de la Misión de Bioeconomía, ha destinado más de $41 mil millones para apoyar iniciativas de bioeconomía que hayan generado productos que se encuentren en proceso de escalamiento o de apertura comercial.

Según la ministra, la convocatoria apunta a cinco áreas estratégicas. La primera es saber utilizar de manera sostenible la biodiversidad terrestre, a la que se le suma lo que la cartera llama “Colombia biointeligente”, que en palabras sencillas consiste en aprovechar el potencial genético de la biodiversidad. También se plantea apostarle a la agricultura que tenga impacto social, potenciar la biomasa y, finalmente, mirar cómo la diversidad puede darle al sector de salud y bienestar.La misión tiene dos mecanismos para lograr este fin. El primero está enfocado en mejorar los procesos para elaborar los productos y, el segundo, se enfocará en impulsar los productos o proyectos que ya han sido aprobados dentro de su marco para que entren, de la mejor manera, en el mundo comercial.

Pero no solo el Gobierno está invirtiendo en estas iniciativas. WWF está enfocada en apoyar dos tipos de proyectos dentro de este modelo: los comunitarios y los corporativos.

En los primeros, esta organización está apoyando iniciativas de emprendimientos que hagan uso de la sostenibilidad de la biodiversidad. Dos regiones que han recibido este apoyo han sido el Chocó, en donde esta entidad ha hecho una inversión de casi US$1millón, en conjunto con el PPD del GEF y P4F, para emprendimientos en comunidades afros, y en el Putumayo, donde están incentivando emprendimientos de poblaciones indígenas enfocadas en temas de bioeconomía.

Según contó Barney a El Espectador, este tipo de alternativas lo que hacen es que en esas fases tempranas de los emprendimientos, donde es muy difícil conseguir recursos de inversión, las empresas y los proyectos que están naciendo reciban apoyo técnico y financiero mientras crecen.

Además, a nivel corporativo, WWF está acompañando a empresas grandes que se están preguntando qué tan sostenibles son sus cadenas de suministro. Barney explica que están elaborando estrategias junto con estas compañías para que cada vez produzcan de forma más consciente ambientalmente.

Aunque parece que la bioeconomía no tiene ningún defecto y, por el contrario, beneficia a todas las partes, hay varios riesgos que se deben tener en cuenta. Para WWF, el uso excesivo de recursos y la pérdida de conocimientos ancestrales son las dos cosas que más deben preocupar a quienes generen productos en este campo.

“Muchos de los recursos usados en la bioeconomía provienen de conocimientos ancestrales de las comunidades. Pero en algunas ocasiones, cuando se generan proyectos productivos a partir de estos conocimientos, se desconoce el origen de los mismos. ¿Hay alguien que conoce una planta y sabe para qué se usa?, ¿cómo nos aseguramos de que esa persona y su comunidad se beneficien luego de que se hace todo el desarrollo del producto? Ese es un gran reto”, afirma Barney.

Por su parte, Bedoya señala que es importante acercar a la gente del campo a las fuentes de información. “Las personas que van a verse involucradas en estos proyectos deben saber que pueden ser un negocio, que además de traer bienestar para el medioambiente, también va a ser rentable”. Barney asegura que, según informes del DNP, para 2030 este sector podría estar aportando cerca de $13 billones al país beneficiando a varios sectores. “Especialmente en el agrícola, el sector de alimentos, el de químicos, el de farmacéuticos, el de cosmética y el de salud. Beneficiando así a innumerables personas e impactando positivamente el medioambiente”.

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Redacción: El Espectador

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Por pandemia, la pobreza monetaria en Colombia subió a 42,5% en 2020

Según el Dane, 3,5 millones de personas entraron a esa condición de pobreza el año pasado.

La pandemia por el coronavirus llevó a un aumento de 6,8 puntos porcentuales de pobreza monetaria, que ascendió a 42,5% en 2020. Eso significó que 21 millones de personas están en esa condición durante ese periodo.

Por su parte, el indicador de la pobreza extrema ascendió a 15,1%, lo que quiere decir que hubo un incremento de 5,5 puntos. 

Asimismo, el Dane también actualizó la línea de pobreza extrema y señaló que está en $145.004 pesos, y la monetaria en $331.688, que también cambia según las zonas geográficas y su nivel de ingresos.

De acuerdo con Juan Daniel Oviedo, director del Dane, pese al impacto negativo en esos indicadores los programas sociales que se implementaron el año pasado como Ingreso solidario, lograron que se redujera el número de personas que seguían en esa condición.

Cabe recordar que en 2019 ya se había visto un aumento de 1 punto porcentual de la pobreza monetaria, que fue de 35,7%, frente al 34,7% en el 2018. Eso quiere decir que 661.899 personas ingresaron a esta situación antes de la pandemia.

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Redacción: Portafolio

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‘No estamos para situaciones extremas ni terquedades”: Carrasquilla

Precedida de voces que piden no tramitar el proyecto de reforma tributaria y de propuestas para hacer profundos cambios a la iniciativa que presentó el Gobierno hace unas semanas al Congreso, este martes el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, hizo la presentación ante las comisiones conjuntas terceras y cuartas del Congreso el proyecto de la iniciativa legislativa.

Y más allá de recordar las razones imperativas para que el país ajuste sus cuentas luego del golpe de la pandemia y siga atendiendo a la población más afectada por este choque, el funcionario fue claro en exponer el objetivo que tiene el Gobierno de buscar un consenso que permita sacar adelante la iniciativa.

“No estamos aquí para poner situaciones extremas ni para tener terquedades en materia de lo que el Congreso de la República encuentre razonable y en lo que el Congreso no encuentre razonable tenemos que ser ágiles en aceptar esa razonabilidad democrática”, indico Carrasquilla.

El Ministro agregó que hasta la fecha se han recibido diversas comunicaciones escritas y verbales, ante las cuales el equipo económico del Gobierno está dedicado a hacer los estimativos de cada propuesta, para presentarlos en la fase de negociación, conciliación y acuerdo democrático.

Eso sí, Carrasquilla recalcó que el Gobierno no tiene improvisación en el proyecto, que se construyó durante varios meses. “Me parece que parte del diálogo debe tener en cuenta también algunos de los puntos esenciales encontrados en los diferentes frentes de discusión”, añadió.

Y destacó que el país debe tener claro que si no se tiene una rápida construcción de consenso, “aceptable para todas la partes, vamos a tener dificultades”, toda vez que en su palabras, la emergencia del covid-19 no se ha acabado, pero síse están terminando la vigencia y los recursos para programas claves como Ingreso Solidario y el Programa de Apoyo al Empleo Formal (Paef), este último incluso ya expiró.

Una vez el funcionario terminó la explicación del proyecto, sobre el que pidió consultar la exposición de motivos para el trabajo de construcción de consensos, el presidente de la Comisión Tercera de la Cámara, Néstor Leonardo Rico (Cambio Radical), quien presidió la sesión de las comisiones conjuntas, sostuvo que las cámaras legislativas estarán a las reuniones para que los coordinares y ponentes “puedan comenzar a armar el proyecto necesita Colombia”.

Una vez hecha la presentación del Gobierno se prevé este grupo de parlamentarios conozca en los próximos días la ponencia para primera debate, que con seguridad incorporará diversos elementos, entre ellos las propuestas del expresidente Álvaro Uribe, pero también los de la Andi, Fedesarrollo, Anif y las de los partidos políticos.

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Redacción: El Tiempo

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‘La reforma tributaria pone en riesgo el acceso a la vivienda social’

Según Camacol, la eliminación de instrumentos tributarios planteados en el proyecto generaría una contracción de 80 % en volumen anual de VIS.

La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) manifestó que respalda los principios de sostenibilidad fiscal, priorización del gasto social, solidaridad y redistribución del ingreso definidos en el Proyecto de Ley de Solidaridad Sostenible, «siempre y cuando estos principios no afecten objetivos de país como la vivienda social de los hogares colombianos, y tampoco el bienestar, el empleo, y la dinámica económica que derivan de su construcción».

En ese sentido el Gremio advirtió sobre las graves consecuencias que traería para los hogares colombianos las nuevas disposiciones planteadas en la Reforma Tributaria, -radicada el pasado jueves por el Gobierno Nacional-, que contempla la eliminación de los instrumentos tributarios que han sido fundamentales para promover y financiar la Vivienda de Interés Social hasta hoy.

De acuerdo con Camacil, el Proyecto de Ley de Solidaridad Sostenible «es un franco retroceso en el avance del modelo social que ha generado la VIS, -y que a hoy ha garantizado el derecho constitucional de millones de los colombianos de acceder a la vivienda social-, dado que elimina la posibilidad de construir y financiar nuevos proyectos de interés social y de interés prioritario, con sus efectos negativos adicionales sobre el aparato productivo del sector de la construcción».

(Tributaria encarecería mínimo 5% los productos de la canasta familiar). 

Y es que según estimaciones de Camacol, la construcción de nueva vivienda social se reduciría un 80 por ciento, es decir, que de 130 mil nuevas unidades VIS que se lanzan anualmente, la actividad se reduciría a solo 26 mil unidades habitacionales, poniendo en riesgo el acceso de 100 mil hogares por año a la VIS, y afectando adicionalmente cerca de 440.000 puestos de trabajo y poniendo en riesgo la sostenibilidad del tejido empresarial y la demanda de insumos y materiales para la construcción en el 54% del aparato productivo del país.

Para Sandra Forero, presidenta de Camacol, “tal como está planteado el proyecto de reforma implica un retroceso de tres décadas en el modelo de acceso a la vivienda de interés social que el país ha venido perfeccionando para los colombianos, dado que inviabiliza la oferta de nuevos proyectos habitacionales VIS”.

Así mismo, el impacto de esa reducción en el volumen de VIS significa que la demanda de insumos de los 36 subsectores productivos del país encadenados con la construcción se contraería en $6.5 billones al año, es decir pasaría de $8 billones a $1,5 billones.

“No es un impacto de poca monta, ya que hoy el 75 por ciento de los proyectos inmobiliarios que se lazan al mercado corresponden a Vivienda de Interés Social, esto quiere decir a su vez que 7 de cada 10 hogares compradores acceden a una vivienda social, todo esto es lo que está hoy en riesgo”, enfatizó Sandra Forero.

Para el gremio de la construcción y su cadena de valor, el bienestar de los hogares, la generación de empleo y la reactivación económica se logra con el impulso y el fortalecimiento de la Vivienda de Interés Social de los colombianos.

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Redacción: Portafolio

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Construcción VIS caería 80% por eliminación de incentivos

Camacol estima una contracción de 130.000 a 26.000 unidades por cambios en el IVA a insumos y en la renta en la tributaria. 

La vivienda de interés social (VIS) es uno de los renglones de la economía que viene liderando la reactivación económica. Desde octubre las ventas de vivienda nueva, y en el segmento en particular, han venido registrando récords históricos mensuales, y para el primer trimestre del año arrancó la construcción de 38.140 unidades, de las cuales 24.879 son VIS.

Por ello, el fin de dos incentivos tributarios para el sector a través del proyecto de ‘ley de Solidad Sostenible’, la nueva reforma tributaria del Gobierno, despertaron las críticas entre los constructores.

El primer punto que se eliminaría con la reforma es el Artículo 235-2, numeral 4, del Estatuto Tributario, que establece entre las actividades exentas del impuesto de renta a “predios destinados al desarrollo de proyectos de vivienda de interés social o de vivienda de interés prioritario” y la utilidad en la primera enajenación de este tipo de viviendas.

También contempla como exentos a “los rendimientos financieros provenientes de créditos para la adquisición de vivienda de interés social y/o de interés prioritario”.

El proyecto de la reforma tributaria también eliminaría el beneficio contenido en el Artículo. 850, parágrafo 2 del Estatuto, que contempla que los constructores tienen derecho a la devolución o compensación del IVA “pagado en la adquisición de materiales para la construcción de vivienda de interés social y prioritaria”.

A partir de allí, la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), el gremio de los edificadores, estima que si se eliminan estos incentivos habría una contracción de 80% en volumen anual de oferta de VIS, que en la actualidad está en 130.000 unidades y caería a un estimado de 26.000.

“Si bien hay un comité de expertos que dio unas recomendaciones como eliminar todas las exenciones y los beneficios en temas de IVA, el carácter meritorio de la vivienda de interés social es indudable. Llevamos tres décadas en el desarrollo de un modelo de acceso a la vivienda social de los colombianos, este modelo se tiene que mantener.

Lo que radicaron elimina la posibilidad de promover e impulsar nuevos proyectos de vivienda de interés social”, aseguró Sandra Forero, presidente de Camacol.

Desde el ministerio de Vivienda, el viceministro de Vivienda, Carlos Ruiz, reiteró a este medio que este Gobierno no solo se ha enfocado en “impulsar una política integral de vivienda”, sino que “siempre ha estado listo para dialogar con toda la cadena de valor”, para poner en marcha las estrategias más acertadas para que en el último año se haya mantenido dinámico el sector y se haya impulsado su reactivación.

“Estamos abiertos al análisis de los detalles que en este momento generan inquietudes en el gremio constructor. La meta es seguir en la ruta de los buenos resultados que todo el país conoce y consolidar la recuperación económica a través de los 200.000 subsidios para la compra de vivienda VIS y No VIS”, dijo el Viceministro.

POSIBLES IMPACTOS

Desde Camacol se analizaron los impactos que traería eliminar estos dos incentivos para el sector, y según Forero, entre otras de las implicaciones estaría en riesgo “el acceso de 100.000 hogares a la vivienda social por año, más de 310.000 personas”, por la contracción del mercado.

En cuanto a los empleos, Camacol asegura que habría 441.000 puestos comprometidos, pues la construcción de vivienda social genera 551.295 empleos. Forero aseguró también que habría $13 billones anuales comprometidos, equivalentes a 1,2 puntos del PIB, que afectarían la inversión en la economía nacional. “En 2010 hablábamos de $3 de cada $100 de inversión en la economía provenían de la vivienda de interés social, hoy hablamos de $8 de cada $100”, mencionó la líder gremial.

Además, el gremio calcula que la demanda de insumos de los 36 subsectores productivos encadenados con la construcción se contraería $6,5 billones al año, de $8 a $1,5 billones.

E incluso, Camacol estima un impacto negativo en las finanzas públicas municipales, pues según el gremio, la vivienda social construida en la última década le aporta anualmente $717.000 millones en impuesto predial a los municipios, y “caería el recaudo municipal en $370.000 millones anuales”.

LOS CONSTRUCTORES

A la discusión se sumaron algunos empresarios del sector, quienes también mostraron su descontento.

“Estamos muy preocupados con el borrador que salió en estos días. Uno de los temas más relevantes y más delicados es que le están poniendo IVA a la Vivienda de Interés Social y le están quitando la exención de renta. Es grave ya que es uno de los mercados que más está dando empleo y contribuyendo con la reactivación”, subrayó Luis Aurelio Díaz, presidente del Grupo Empresarial Oikos.

Por su parte, presidente de IC Constructora, Rafael Álvarez, aseguró que “el sector está alarmado por las previsiones contenidas dentro del proyecto de ley. La eliminación de la devolución de IVA afecta la posibilidad de hacer vivienda de interés social, y teniendo en cuenta que son proyectos de muy baja rentabilidad, la exención de renta es la que facilita que se puedan desarrollar estos proyectos”.

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Peso colombiano, la moneda con peor desempeño de los países emergentes

Este martes, el dólar en el mercado local supera el nivel sicológico de los $3.700.

El peso colombiano extendió las perdidas de ayer y era la moneda con el peor desempeño de los mercados emergentes debido a que el proyecto de ley tributario, que es clave para evitar una rebaja de calificación, enfrenta resistencia.

El peso chileno, mientras tanto, superó a todos los pares regionales por segundo día, ya que los precios del cobre se recuperaron aún más, mejorando la perspectiva para el balance de la cuenta corriente del país.
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El peso colombiano se debilitó un 1% después de retroceder un 1,7% el lunes y traspasar su promedio móvil de 200 días y nivel de pivote en 3.660 por dólar.

El nivel de resistencia del dólar más cercano se ubica en 3.752 por dólar y fue observado por ultima vez el 30 de marzo. El ministro de Hacienda de Colombia, Alberto Carrasquilla, presentará formalmente este martes el proyecto de ley de impuestos en el Congreso para un debate en los comités de la Cámara de Representantes y el Senado.

Este martes, el dólar en el mercado colombiano supera el nivel sicológico de los $3.700, al registrar un incremento de casi 60 pesos.

La lucha contra la pandemia deterioró las perspectivas presupuestarias del país y ha obligado al Gobierno a buscar ajustes tributarios. La reforma es bien recibida por los operadores, pero la incertidumbre sobre su aprobación en el Congreso presionó a los mercados locales esta semana.

Se espera que los sindicatos colombianos protesten contra el proyecto de ley el miércoles, lo que demuestra que podría enfrentar una fuerte resistencia política. Por su parte, la moneda chilena avanza un 0,3%, mientras que todas las principales monedas latinoamericanas se debilitan en medio del aumento de los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos.

Esta semana, el peso es la divisa con el segundo mejor desempeño del mundo, solo por detrás de la lira turca. El cobre sube un 1,1% en Londres, fortaleciendo un repunte que esta empujando al metal rojo hacia US$10.000 por tonelada métrica, en medio de la confianza de que las medidas de estimulo, el despliegue de las vacunas y las promesas ambientales impulsan una recuperación global de la pandemia.

Chile es el mayor exportador mundial de cobre y los precios más altos del metal significan mayores entradas de dólares. El nivel de 694 pesos por dólar sigue siendo la principal barrera para una mayor apreciación de la moneda chilena, y la semana pasada el peso probó y fortaleció dicho nivel clave.

El Ministerio de Hacienda de Chile presentara su informe de finanzas públicas del primer trimestre de 2021 y solo cambios importantes en el crecimiento y las previsiones de deuda podrían provocar una reacción del mercado.

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¿Cuáles son los cinco pecados capitales de esta reforma tributaria?

El respetado tributarista Santiago Pardo se mete en la intimidad de la reforma tributaria que el Gobierno pretende tramitar ante el Congresoy, entre sus múltiples defectos, destaca su tremenda inoportunidad.

¿Es cierto que el país necesita una nueva reforma tributaria?

Hay que comenzar por mencionar que, efectivamente, el país sí requiere una reforma tributaria y para eso conformó una comisión de expertos, tal vez la mejor comisión que se ha hecho en la historia. Trajeron a los mejores personajes internacionales, gente ajena a todo cabildeo. Y esa comisión comenzó por decir que Colombia tiene el sistema tributario más poco competitivo del mundo. Que aquí es preferible importar que producir. Que es preferible invertir en el exterior que invertir en Colombia. Que es preferible trasladar las plantas de producción al exterior. Y que así Colombia no va a poder crecer ni va a poder ser un país importante en materia de competencia y de presencia en el mundo económico global. Y al final dice: ‘miren, si arreglan así este sistema impositivo, desde luego eliminando una cantidad de beneficios, van a tener un sistema que les permita crecer’. Pero el Gobierno hizo caso omiso de ese informe.

¿De ese informe de los expertos, entonces, no se acató nada?

Prácticamente nada. Tal vez lo único sea la propuesta de eliminar las exenciones en el impuesto de renta, pero, al contrario de lo que el propio informe recomienda, lo harían sin ningún tipo de transición en el tiempo. Hay que respetar los derechos adquiridos por quienes hicieron inversiones que tenían asignadas exenciones a plazos fijos. Del resto, muy poco, o tal vez nada de lo que se dice en el informe, se acata.

Usted acepta que el país necesita recursos. ¿Cómo conseguirlos si se cae el proyecto?

Definitivamente, no es claro que el único camino sea una reforma tributaria en esta coyuntura, con el 20 por ciento de desempleo, con las ciudades confinadas, con 420 muertos al día, sin haber podido superar el 5 por ciento de vacunación. Aparecérsele con una reforma de 30 billones a un poco de desempleados y de empresas quebradas a decirles que tienen pagar, pues no es el momento, no es la oportunidad, cuando lo que se requiere es que la economía se recupere para que absorba más empleo.

O sea, si usted fuera el ministro de Hacienda, no hubiera presentado este proyecto…

No, no, jamás. Hay muchos mecanismos para obtener los recursos. El Gobierno acepta que hay cerca de 40 billones en evasión y contrabando, ese es un camino. Dos, la deuda de divisas puede generar 15 billones para el Gobierno. El 8 o 10 por ciento de Ecopetrol se puede privatizar, y de ahí son otros 15 billones. Los activos improductivos son otros 15 billones. Es decir, solo en venta de activos, dos de los cuales son de muy fácil realización, ISA y Ecopetrolel Gobierno puede conseguir de 30 a 40 billones, y espaciar en el tiempo cualquier proyecto de reforma tributaria.

La reforma se llama ‘Ley de subsidios sostenibles’, y gravita alrededor del ingreso fijo que el Gobierno quiere entregar a los más vulnerables para palear la pandemia. ¿Cree que nos vamos a meter de lleno en un sistema asistencialista?

Es probable que en la coyuntura que se vivió el año pasado y que no hemos superado haya que dar auxilios. Yo no discuto eso. Pero la solución del país, a mediano y largo plazo, inclusive a corto plazo, no son los subsidios, es el crecimiento económico, son más empresas creando más trabajo…

¿Cuáles son los cinco pecados capitales que tiene esta reforma?

Uno, el de convertir los bienes exentos del IVA en bienes que no causan IVA. ¿Por qué razón? Es un truco consistente en que, aparentemente, la gente no va a pagar IVA, pero al pasar los bienes exentos a bienes excluidos, los productos tienen que pagar IVA sobre los insumos que se utilizan en su producción.

Y se reflejará en el precio de esos productos al consumidor final…

Con un agravante, eso solo se aplica al producto nacional y no al importado. Entonces, es un impuesto a los productores nacionales. Es tanto como si uno dice: si usted compra en un almacén que es del exterior, cero impuesto, pero si compra en los almacenes nacionales, tiene que pagar impuesto.

¿El segundo pecado?

El segundo pecado es el incremento en la tasa de tributación que se plantea para las personas naturales con ingresos entre 2 millones y 7 millones de pesos. En ese grupo, la tasa de tributación de impuestos se incrementa en más de un 300 por ciento. Entonces, una persona que, por ejemplo, con ingresos de 5 millones de pesos pagaba cero, ahora va a pasar a pagar 3 millones de pesos al año. Es decir, son cifras que para una familia son muy complejas. No puede ser que, en esta coyuntura, el incremento de la tributación de las personas naturales de ingresos medios y bajos sea de 300, 400 o 500 por ciento.

¿No será sana la intención del Gobierno de empezar a ampliar el universo de los contribuyentes?

Lo que pasa es que hay dos universos de contribuyentes. Los que pagan todo y los que no pagan nada. Los que pagan todo son los asalariados y las empresas normales. Ahí se paga hasta el último peso. El problema es que la reforma, tanto esta como las anteriores, siempre actúa sobre los mismos. ¿Por qué no ir a cobrarles los impuestos a los que no pagan? Y no pagan donde haya una informalidad gigantesca. Hay cantidades de sectores, profesionales independientes, agricultores y ganaderos, médicos, todos los de la profesión de la salud, o del sector de la belleza, que no entregan un documento. En fin, hay miles de casos, visibles, evidentes, que son muy fáciles de fiscalizar. No puede ser posible que siempre la tributación recaiga sobre el pobre asalariado de 2 millones de pesos, y no sobre todos estos grupos independientes, que no tributan.

¿El tercer pecado?

El tercero es que se establece la obligación de presentar declaración de renta para personas que tengan entre dos y medio millones de pesos y un millón de pesos de ingreso mensual, que no van a pagar impuesto porque la ley no los está obligando a pagar impuesto, pero, por esa misma razón, uno se pregunta: ¿qué van a hacer con todas las declaraciones de las empleadas del servicio, de los porteros, de los celadores, de los vendedores ambulantes, que no generan impuesto, que generan carga administrativa y un costo social para la gente muy alto? Porque presentar una declaración, que de por sí es complejo, es un enredo, y más tratándose de una persona que no va a tributar…

Yo, por lo menos, me paralizo…

Bueno, si eso es usted, que tiene la forma de hacer la declaración o de asesorarse, que entiende que es una declaración, imagínese eso mismo en una persona que trabaja 12, 14 horas al día manejando un taxi, y que le toca salir a hacer una declaración que no entiende, para no pagar impuestos, pero que sí le genera todas las sanciones en el evento de que no la haga bien. Ese es un tercer aspecto que no tiene sentido.

Vuelvo e insisto: ¿ni siquiera sirve eso para ir formalizando la tributación?

Pero es que la tributación hay que formalizarla en los niveles donde hay posibilidades de obtener recaudo, no en los niveles en los que no hay esa posibilidad. No saco nada formalizando, para efectos tributarios, en personas de 400.000 y 500.000 pesos de ingreso al mes. En esos niveles nunca habrá impuesto, ahí lo único que se genera es un costo social para esa gente. Donde tengo que formalizar es en el que se gana 10 millones, 20 millones, 30 millones, y evade y elude toda su tributación.

¿El cuarto pecado?

El cuarto pecado es el impuesto a la riqueza. Que si bien afecta a un grupo reducido de personas, a los que tienen más de 5.000 millones, establecerles una tasa del 2 por ciento, cuando la economía renta por debajo del 2, pues eso sencillamente implica expropiar a la gente. Todos los intereses que reciba un ahorrador sometido al impuesto a la riqueza va a tener que transferirlos al fisco, y no va a tener cómo mantener constante su patrimonio. Es decir, una persona en diez años habrá perdido entre el 20 y el 30 por ciento real de su patrimonio si se somete a ese impuesto. Eso lo único que hace es ahuyentar a la gente que tiene capacidad de invertir en el país. Es un error garrafal. Es preferible gravar la renta, con la tarifa que toque, porque es renta, es utilidad, es lo que produjo un negocio, pero no gravar el stock de capital de las personas, que pueden no haber producido nada. Y como hoy la tasa de interés es del 2 por ciento, si el impuesto es del 2 por ciento, quiere decir que todo lo tengo que destinar a pagar impuestos. Ese es el cuarto pecado.

¿Y el quinto?

Tiene que ver con, en general, las modificaciones del IVA, que se acometen frente al sector agropecuario. Si uno mira, les han puesto IVA a la maquinaria agrícola, a las herramientas de mano agrícola, a los fungicidas, a los plaguicidas. Y con un sector agropecuario que también está muy castigado, pues el país incurriría en un absurdo, con una tributación de esa naturaleza, para ese tipo de actividades.

Pero ¿al fin qué: la reforma se requiere o no?

Claro que se requiere, pero no es el momento.

Entonces, vamos a los beneficios de esta reforma. ¿Tiene alguno aprobar esta reforma ahora?

Bueno, se necesita una reforma porque Colombia es un país en el que existen entre 40 y 60 billones de pesos de evasión, que hay que recuperar. Lo que el país necesita probablemente sí es un monto adicional de recursos; tendrá que hacer austeridad en el gasto, y el monto adicional de recursos lo debe obtener a través de tres fuentes que son: la venta de Ecopetrol, la venta de ISA, la venta de los activos improductivos. Reforma tributaria hoy no necesita, a no ser que sea como la propuso la comisión de expertos, para eliminar el 4 × 1.000; para permitir que el ICA se descuente al cien por ciento en los impuestos de las empresas; para hacer el sistema mucho más simple; para bajar tarifas y para aumentar drásticamente el control a la evasión y al contrabando. Pero no para recaudar más. No es el momento. Es decir, al señor que llega desempleado a su casa, porque el restaurante en el que trabajaba se cerró, lo reciben con la noticia de que ahora le van a subir el IVA, de que ahora va a tener que pagar sobre los alimentos un IVA adicional, sobre todo sobre los servicios, sobre la comunicación, sobre el internet, sobre todo. Y, a la señora, que es la única que conservó el trabajo, le dicen que le van a quitar un 10 o un 15 por ciento más de su ingreso, para destinarlo a impuestos. No es el momento. Yo no sé por qué el Gobierno no se ha sintonizado con el país. Ese no es un tema aislado. En todas partes, con quien uno habla, la gente dice que está aterrada, que no va a tener con qué pagar estos impuestos.

Entonces, si tuviera que marcar una casilla, ¿cuál escogería: esta reforma es… a) innecesaria, b) inoportuna, c) incapaz de cosechar los recursos que busca?

Yo creo que lo más importante es lo inoportuno de la reforma. Si la aprueban, claro que va a cosechar unos recaudos, a costa de quebrar más empresas y de eliminar la posibilidad de recuperar el empleo. En cambio, si se posterga, va a permitir que las empresas recuperen parte de su actividad y algo del empleo que se perdió.

Mientras tanto, ¿cómo se paga la asistencia social?

Vendiendo los activos que están a la mano. A ISA lo tienen prácticamente vendido, pero no para pasar la plata de un bolsillo a otro, que es lo que están haciendo: pasándolo del bolsillo de la nación al bolsillo de Ecopetrol. No, para venderlo a terceros. Dos, privatizar un 8 o 10 % adicional de Ecopetrol. Y tres, no puede ser que el Estado tenga 15 billones de pesos en activos incautados, improductivos, sin venderlos, eso no puede ser.

MARÍA ISABEL RUEDA
Especial para EL TIEMPO

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Redacción: El Tiempo

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