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Victoria Cargo Transportes

Se profundiza debate sobre rescate a Transmilenio

El futuro del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITP), es la nueva manzana de la discordia en el Concejo de Bogotá. Tanto la alcaldesa Claudia López como el gerente de la empresa Transmilenio S.A., Felipe Ramírez Buitrago, han insistido en que sin la aprobación por parte del Concejo de un billón de pesos para su rescate, “nos veremos en la obligación de suspender el servicio desde finales del mes de agosto o principios del mes de septiembre, según el cálculo que hemos hecho», reiteró el gerente de la empresa ayer a primera hora del día.

También la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, ejerció presión al cabildo cuando le hizo “un llamado como Gobierno Nacional a que apoyen el proyecto en el Concejo. Ya hay un consenso en el Congreso para esta posibilidad, de cofinanciar hasta el 50 % del déficit operacional”.

Eso significa que en el lapso de un mes, el sistema que transporta diariamente a 4 millones de personas (en sus componentes zonal, troncal y transmicable) y que diariamente tiene empleadas a otras 33.000 cerraría. No hay detalles de cómo lo haría, pero así sería.

Esta última declaración hizo que muchos concejales se sintieran contra la espada y la pared, pues como lo indicó el concejal del Polo, Carlos Carrillo, “dice la Alcaldesa que si este Concejo no le aprueba lo que ella quiere, entonces Transmilenio va a tener que cerrar en agosto o septiembre. Así lo dijo, palabra por palabra. Decir eso es un chantaje”.

Rescate social

Estos $1.1 billones, que se destinarán al Fondo de Estabilización Tarifaria (FED) para pagar la operación del sistema, están contemplados en el proyecto de rescate social que comenzó a discutirse en la Comisión de Hacienda el pasado jueves y que continuará hoy dado que el domingo se truncó la votación.

Es importante referir, además, que son adicionales al presupuesto anual aprobado para el FET-TMSA para este año, aprobado al finalizar el 2020 por 1 billón 250.000 millones de pesos. Así lo confirmó ayer a EL NUEVO SIGLO un vocero de Transmilenio.

Ahora, si bien es cierto que desde que se radicó este proyecto de acuerdo varios concejales señalaron que no tiene sentido que más del 60% de los recursos que el mismo plantea sean para el sistema, y desde su radicación fue claro que este sería un tema álgido, el malestar escaló el viernes cuando se cerró la discusión para que el domingo pudiera votarse el texto, pese a que varios cabildantes señalaron que muchas dudas no habían quedado resueltas.

Adicionalmente, el hecho de que la medida se vaya a los operadores privados, y el argumento de que un rescate al sistema de transporte masivo no es un rescate social, así la alcaldesa haya dicho que no hay nada más social que el Transmilenio, son dos argumentos que han ocasionado que durante los últimos días aumente la tensión en la comisión.

Operadores privados

Además de señalar que la alcaldesa López debe ser más honesta con la forma en la que está planteando el rescate a Transmilenio, pues cuando hizo los anuncios sobre el plan no se refirió “por ninguna parte” a la destinación de $1.1 billones al sistema, el concejal del Centro Democrático, Andrés Forero, también dijo que la Alcaldía debe ser muy clara, pues estos serán recursos que se destinarán a privados.

«Se debe discutir por lo menos la parte que está relacionada con el cupo de endeudamiento y la administración debe ser mucho más clara. Esta es plata que va a ir a unos operadores privados y la Alcaldesa tiene que explicar por qué a ella sí le parece bien darle plata a unos operadores privados de Transmilenio, cuando cuestionó tanto el mismo recurso que planteó el gobierno para Avianca”, señaló a EL NUEVO SIGLO Forero.

A su vez, la concejal de la coalición Colombia Humana-UP-MAIS, Susana Muhamad, le dijo a este Medio lo mismo que plantea la ponencia negativa de la cabildante Ati Quigua: “La Alcaldesa lanzó un rescate social mentiroso. Es una trampa política poner como rescate a una situación de crisis financiera al sistema de transporte. Debemos dar las dos discusiones por separado”.

Acto seguido, Muhamad aseguró que la ciudadanía debería tener todos los detalles de la situación financiera de Transmilenio, pues tras año y medio de pandemia no se han visto otras medidas, como la renegociación de contratos por la crisis del covid-19.

“En noviembre estuvimos discutiendo el presupuesto del 2021 y ahí se le asignó $1.1 billones para todo el año y dijimos claramente que era muy optimista la visión del secretario, quien hablaba de una recuperación en V. Les dijimos que priorizaran las inversiones, no lo hicieron y hoy vienen por $1.1 billones adicionales. Eso qué significa: que el FET no nos va a costar $1.1 billones sino $2.1 billones y en plena crisis social”, explicó a EL NUEVO SIGLO la cabildante, quien a la par manifestó que es absolutamente irresponsable que la Alcaldesa dijera a finales de julio que en septiembre no habría operación.

“¿Esa alerta no había que ponerla un poquito antes? Evadir esta discusión de fondo no le sirve a nadie, la Alcaldía no puede venir cada 6 meses o cada año a pedir más y más plata con la gravedad de que la mitad de esos $1.1 billones los están sacando del cupo de endeudamiento, es decir que vamos a pagar la operación del sistema con deuda pública. El Concejo de Bogotá está contra la pared”, finalizó.

A ese inmediato respecto el concejal de Colombia Justa y Libres Emel Rojas, dijo que la Administración Distrital sabía desde diciembre de esta circunstancia. “Sabía que se iba a dar y obviamente no se previó antes. Hubo un exceso de confianza y lo que la administración pensó es que el Concejo le aprobaría el rescate, como efectivamente creo que va a pasar. Entendemos que Transmilenio requiere recursos, independientemente de que vengan de ese proyecto”, dijo a este Medio.

Mientras, el liberal Álvaro Acevedo, quien le adelantó a este Diario que votará favorablemente al rescate, dijo que hay que reestructurar los contratos con los concesionarios privados, pues el billón solicitado, que pretende oxigenar a Transmilenio, “es un tanque de oxígeno pero no es una solución definitiva. Son necesarios para mantener la operación del sistema porque el transporte público es un objeto social, pero sí hay que revisar a fondo el tema de los concesionarios”, sostuvo.

Vandalismo, otro pero

Finalmente, otra de las críticas frente a la forma en que la Administración Distrital ha abordado el rescate a Transmilenio, está relacionado con el vandalismo del que el sistema ha sido víctima. De acuerdo con la concejal de la Alianza Verde, Lucía Bastidas, defensora del modelo de los articulados y quien también dijo que López jamás habló en su presentación de este rescate, “la Alcaldesa está pidiendo recursos y yo estoy de acuerdo con eso, pero también veo con desdén cómo la Administración no defiende del vandalismo al TM”.

“Es ahí en donde tenemos grandes diferencias con la Alcaldesa. Pero por supuesto que debe ser salvado y sin él no hay reactivación económica posible”, indicó. Por último dijo que añadió una proposición para que en el proyecto de rescate social quede un compromiso de que el Distrito defenderá al sistema contra el vandalismo.

Radiografía

El déficit financiero que trae el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá tiene dos componentes: los costos operacionales, que son mayores a los ingresos recibidos por el pago de la tarifa, razón por la cual estos deben ser subsidiados para no elevar el valor del pasaje para los usuarios, y la pandemia que se reflejó directamente en una disminución de los ingresos vía tarifa usuarios.

Para el año 2019, el diferencial tarifario entre los ingresos por tarifa y el costo real de operación era de $892.000 millones. Por otra parte, para el año 2020 se tenía previsto en condiciones normales y conforme a los estudios presentados, que el diferencial tarifario ascendiera a $1,1 billones de pesos, los cuales fueron aprobados en su momento por el Confis Distrital.

Sin embargo, para el año 2020, los egresos del Fondo de Estabilización Tarifaria (que cubre la diferencia entre los ingresos por tarifa y el costo real de operación) correspondieron a $2,1 billones, $1 billón más de lo que se tenía estimado previo a la coyuntura del covid-19.

Archivo Original:

Redacción: El Nuevo Siglo

Imágenes: Archivo El Nuevo Siglo

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